Queremos orden, pero nos quejamos cuando llega

Una de las medidas más recientes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la de prohibir los giros a la izquierda¹ en varias vías del Polígono Central del Distrito Nacional, ha provocado una avalancha de quejas y reservas de todo tipo.

Entre quienes han expresado reparos se encuentra el expresidente Leonel Fernández, quien en sus gobiernos hizo del “Nueva York chiquito” una bandera de modernidad. Fernández no rechazó del todo la disposición, pero sí cuestionó su efectividad y advirtió sobre los posibles efectos contraproducentes de su aplicación².

Nada nuevo bajo el sol: cada vez que se intenta poner orden en el caos, la respuesta automática parece ser quejarnos. De eso puede dar cátedra el propio exmandatario Fernández, quien fue blanco de toda clase de lamentos cuando se construyeron los túneles y elevados de Santo Domingo a finales de los años 90, y más aún, cuando se anunció y se inició la construcción del formidable metro, en la primera década del presente siglo.

Lo cierto es que esta decisión del Intrant no es una improvisación y dista mucho de ser descabellada. La propia institución ha salido a responder las críticas³ asegurando que “esto no es un invento”, sino parte de un plan técnico y estratégico para perder menos tiempo en los tapones y agilizar la movilidad urbana. De hecho, varios países han aplicado restricciones similares.

En ciudades como San Francisco o Salt Lake City se han adoptado medidas concretas para reducir los riesgos asociados a los giros a la izquierda. En San Francisco, por ejemplo, el 40 % de las muertes por accidentes de tránsito en 2019 fueron causadas por conductores que giraban a la izquierda⁴ y no advirtieron a tiempo la presencia de peatones en el paso de cebra.

En el caso de Salt Lake City, su normativa municipal faculta al ingeniero de tránsito a prohibir giros a la izquierda⁵ en intersecciones específicas, siempre que existan criterios técnicos que lo justifiquen.

Lo aplicado en estos contextos no fue una ocurrencia ni una medida improvisada: fue una decisión técnica, basada en datos concretos y en la necesidad de salvar vidas.

En República Dominicana aspiramos a ser desarrollados y queremos vivir en ciudades modernas, pero no estamos dispuestos a asumir los sacrificios que exige el progreso. Pedimos soluciones, pero cuando las autoridades las implementan, nos resistimos. Y en la medida en que postergamos el progreso, más caro nos saldrá.

Para nosotros, es como si el caos, por ser el malo conocido, fuera preferible al orden que exige cambiar las costumbres, aunque el mandato emane de instituciones con atribuciones legales para reorganizar la movilidad⁶, como lo establece la Ley 63–17 en su artículo 8.

El problema, entonces, no es la medida en sí. El verdadero conflicto es nuestra relación con el orden. Es un gravísimo problema de cultura ciudadana.

El tránsito es apenas la punta del iceberg de este profundo desorden social: la resistencia estructural a la autoridad cuando esta se atreve a actuar.

Vivimos en la permanente contradicción de exigir transformación sin abandonar hábitos. Queremos tránsito fluido, pero sin semáforos que molesten. Queremos seguridad, pero nos oponemos a la fiscalización. Queremos resultados, pero sin recorrer el camino complejo del proceso.

Y así, sencillamente, es imposible avanzar.

Lo que hizo el Intrant puede incomodar a corto plazo, pero si está bien ejecutado, con señalización clara, planificación y orientación pública, puede marcar un antes y un después.

Porque las ciudades se ordenan con decisiones valientes. Y muchas veces, deben tomarse incluso si la mayoría se queja.

Porque el precio de la inacción ya lo conocemos muy bien: una galopante agresividad vial, un tránsito que devora nuestro tiempo y energía, demasiadas vidas truncadas por imprudencias, y una ciudad atrapada cada día en su propio desorden.